El derecho humano a la salud mental

El Derecho a la atención integral de Salud tiene su fundamento en el artículo 1º de la Constitución Política del Perú, que establece: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, así como en lo prescrito por el artículo 2° inciso 1° “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. (…)” . Para el caso específico de las personas con enfermedades mentales, tenemos también al artículo 7º de la Constitución: “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

“Salud” es un concepto amplio, que incluye diversas interpretaciones subjetivas de lo que significa "sentirse bien" y que por cierto abarca mucho más que simplemente "no sufrir de enfermedad alguna". Curiosamente sin embargo, a veces olvidamos que la salud mental es parte integral de "sentirse bien", consecuentemente, cuando reclamamos el derecho a la salud, con sus componentes de atención oportuna y adecuada de la salud física y mental y de los determinantes que le subyacen (educación, por ejemplo), olvidamos el derecho a la salud mental.

La salud mental, según la definición propuesta por la OMS es el estado de bienestar que permite a cada individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad. Si analizamos esta definición, notaremos que la falta de salud mental impide que las personas lleguen a ser lo que desean ser, no les permite superar los obstáculos cotidianos y avanzar con su proyecto de vida y da lugar a falta de productividad y de compromiso cívico con la nación. EI resultado: frustración, pobreza y violencia, junto con la incapacidad de desarrollarnos en democracia y de considerar el bien común.

Los derechos al libre desarrollo y bienestar de la persona poseen relación directa con el abordaje que el estado debe brindar al cuidado y prevención de la salud mental de las personas que padecen estos males, de ahí el interés para investigar y escribir sobre la problemática de las personas con problemas mentales que viven en exclusión social debido a que el Estado no asume responsablemente su labor de protección, cuidado y seguridad jurídica a favor de este grupo de personas. Actualmente, según datos estadísticos, la población mundial de personas con trastornos mentales o cerebrales asciende a más de 450 millones, lo que representa al menos a un miembro de una de cada cuatro familias.

Las enfermedades mentales son causa de gran sufrimiento personal para quienes las padecen y para las personas de su entorno. En un país donde la atención psiquiátrica no está disponible en varias regiones y donde los seguros privados no están obligados por ley a cubrir tales atenciones, la enfermedad mental empobrece rápidamente a la familia. Por otro lado, la falta de un sistema de atención y rehabilitación con base en la comunidad, obliga a que pacientes con síntomas graves, que dificultan significativamente la interacción familiar, deban vivir y permanecer todo el día en sus casas, el resultado es el rechazo familiar, la discriminación y exclusión del enfermo y del familiar que lo cuida, con graves consecuencias para la salud mental del cuidador.

La violencia contra mujeres y niñas es uno de los indicadores de cuan desatendida está la salud mental en el Perú. En un reciente estudio multicéntrico de OMS, que se llevó a cabo en diez países, con 12 lugares estudiados, se encontró que las mujeres cusqueñas eran las segundas más violentadas del mundo, después de las de Etiopía.

Las enfermedades mentales son causa de discapacidad y por tanto, de empobrecimiento y detención del desarrollo. Las mujeres jóvenes deprimidas, por ejemplo, alcanzaron, en un estudio realizado en Norteamérica, un menor nivel de ingresos y un nivel académico inferior en comparación con mujeres jóvenes que no habían tenido depresión. Por todo lo manifestado consideramos que deben ser atendidas prioritariamente, con una perspectiva de salud pública, equidad y derechos humanos, pues su alta prevalencia y su impacto individual y colectivo hacen de los trastornos mentales un verdadero problema de salud pública en el Perú.

Liliana Coronado Gamarra

Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil

Directora de Investigare Alta Capacitación en Derecho

www.investigareperu.com